En 2016, el país oceánico enfrentó un gran apagón que lo condujo a repensar su política energética. Hoy discute una propuesta que busca combinar el objetivo de reducción de emisiones con una garantía de confiabilidad del sistema.
En 2016 un blackout afectó a 850 mil hogares en Australia condujo a la elaboración de una política energética -actualmente en desarrollo- que ha generado amplio debate.
En septiembre de 2016, Australia del Sur enfrentó un extenso blackout que afectó a 850 mil hogares. Seis meses después, un reporte del organismo que opera el sistema concluyó que el apagón se debió a una serie de tornados que causaron alteraciones en las líneas de transmisión, que a su vez provocaron que nueve de los 13 parques eólicos de dicho estado se desconectaran, sobrecargando una línea de interconexión. Como corolario, la autoridad planteó la necesidad de que el sistema se adaptara a la creciente presencia de energías renovables.
Es en ese contexto que en septiembre del año pasado, el gobierno federal del primer ministro Malcolm Turnbull propuso una nueva política energética que ha atraído el interés de distintos especialistas por representar un paso “elegante e innovador”, según las palabras iniciales de Bloomberg New Energy Finance.
La llamada Garantía Nacional de Energía (National Energy Guarantee), que hoy se encuentra en proceso de desarrollo, tiene dos objetivos explícitos. Primero, propone una Garantía de Confiabilidad, que significa aplicar exigencias de garantías para los comercializadores del mercado eléctrico (diferentes a generadores) y los grandes clientes que consumen directamente del sistema interconectado. Esta garantía corresponde a un porcentaje predeterminado de la demanda que debe ser cubierta con fuentes de energía despachables y gestionables, es decir, tecnologías como las hidroeléctricas de embalse, termoeléctricas o centrales de bombeo, entre otras.
Garantía de emisiones
Una segunda garantía de la política propuesta aplica a las emisiones. Según ella, los comercializadores y grandes clientes del mercado mayorista de electricidad deberán cumplir con un nivel de emisiones definido en su suministro de energía. Para ello, celebrarán contratos con generadores existentes o invertirán directamente en nueva capacidad de generación, demostrando ante el regulador el cumplimiento de ésta. Si bien los generadores tendrán los incentivos para cumplir con el nivel de emisiones de sus contratos, los comercializadores serán los responsables.
La nueva política energética ha generado un amplio debate a nivel local sobre sus consecuencias, el cual está lejos de calmarse. Pero más allá del resultado final, Australia enfrenta este debate en medio de una profunda transición energética, donde busca reducir la fuerte dependencia de sus centrales en base a carbón, que el año pasado aportaron el 61% de la energía generada, y aumentar le generación de energías renovables, donde las tecnologías solar, eólica e hidroeléctrica sumaron un poco más del 13%.