La posibilidad de que los clientes con tarifa regulada pueden elegir a quién comprarle su energía es uno de los objetivos centrales del llamado proyecto de Ley de Portabilidad Eléctrica, la primera de tres iniciativas que busca modernizar la Ley de Distribución y cuyo contenido anunció el Ministro de Energía Juan Carlos Jobet ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados hace algunas semanas.

En su presentación, la autoridad explicó que en el sector eléctrico existen tres tipos de clientes. Primero, aquellos con tarifa regulada, que son todos quienes tienen una potencia inferior a 500 kW (esto equivale a 50 veces el tamaño de un hogar promedio). Luego, están los clientes libres, que son aquellos con una potencia de al menos 5.000 kW (500 veces un hogar promedio) y que negocia libremente con un generador de energía. Y finalmente están los consumidores con potencia entre 500 kW y 5.000 kW, que pueden optar a ser clientes libres o regulados.

Al respecto, Jobet comentó que el proyecto de Portabilidad Eléctrica tendrá tres ejes:

1.- Habilitación de comercialización: definido por la autoridad como “un paso indispensable para que los consumidores tengan el derecho a elegir su suministrador”, este cambio implica separar el rol de distribución eléctrica, que considera proveer la infraestructura de distribución -tales como cables y postes-, del rol de comercializador, que involucra la compra de energía a un generador y su venta a clientes. “Esto lo que va a permitir es generar competencia, en beneficio de los clientes, permitiendo que estos puedan optar, por ejemplo, a tarifas horarias o tarifas por tipo de energía”, dijo Jobet.

La autoridad señaló que los consumidores siempre tendrán la opción de volver a resguardarse en una tarifa regulada, donde habrá un contrato por defecto regulado por la CNE, simple y fácil de entender, y en el cual la distribuidora será el comercializador por defecto. Añadió además que el proyecto considera establecer parámetros básicos que deberán contener las ofertas de los comercializadores, de tal manera que permita a los clientes comparar de manera fácil distinto planes tarifarios.

2.- Modernización licitación de suministro: la intención es habilitar a la CNE para adjudicar contratos a distintos plazos, lo que “permitirá atender mejor los cambios que se generen en la demanda”. Así, por ejemplo, los contratos de corto plazo permitirán reaccionar frente a cambios rápidos de oferta y demanda, mientras un contrato de largo plazo permitirá el desarrollo de nueva infraestructura y se podrá incluir el formato take or pay. “Esto permitirá que la CNE construya un portafolio óptimo”.

3.- Gestor de Información: un tercer eje del proyecto apunta a crear un gestor de información independiente para que garantice -con los resguardos de confidencialidad apropiados- que todos los comercializadores tengan un acceso equitativo a la información de los consumos eléctricos de los clientes, con el fin de crear condiciones para una competencia efectiva. Este rol de Gestor de Información, que sería licitado por un plazo de 10 años a una figura independiente, ha funcionado de manera exitosamente en países como Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Noruega, dijo la autoridad.

¿Cómo será la transición al nuevo régimen?

Jobet explicó que será un proceso gradual, que irá avanzando en la medida que la energía contratada vaya siendo superada por la demanda regulada efectiva, de tal modo de no afectar los contratos existentes.

Sin embargo, con el fin de generar espacios de aprendizaje, se habilitarán modelos piloto en dos zonas: comunas donde hay más contaminación por leña, apostando que la electricidad pueda reemplazar el uso de ésta para calefacción, y las comunas en se están retirando centrales a carbón, donde el cierre de éstas significará que dichas comunas dejen de ser beneficiadas por la Ley de Equidad Tarifaria.

De hecho, en el primer caso, la CNE ya realizó una licitación para que las generadoras ofrezcan tarifas con descuento especial para ser usada en calefacción eléctrica en comunas con alto consumo de leña, siendo Colbún una de las empresas que se adjudicó el proceso.